¿Cómo nació el Sistema Estatal Anticorrupción y cómo ha funcionado?

La corrupción en Jalisco

¿Cómo nació el Sistema Estatal Anticorrupción y cómo ha funcionado?

Con varios meses de atraso, se publicó en julio de 2017 la Ley del Sistema Anticorrupción de Jalisco, que exigía la Ley Federal aprobada desde el año 2016. El objetivo de la legislación es regular la coordinación entre el Estado y los municipios para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), y así prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y delitos en materia de corrupción.

Para un funcionamiento adecuado de todo el sistema, esta ley se debe acompañar por reformas a varias legislaciones como la Constitución de Jalisco, los reglamentos de justicia administrativa, código penal, fiscalía, entidades estatales de fiscalización y contraloría estatal.

También se crearon nuevas instancias especializadas en combate y prevención como el Comité Coordinador de todo el Sistema integrado por varias dependencias gubernamentales, una Secretaría Ejecutiva y un Comité de Participación Social, además de una Comisión de Selección (esta último se activa solo para nombrar a los integrantes del Comité de Participación Social y demás Comités que sean requeridos por convocatoria del Congreso).

El Comité Coordinador controla el Sistema Estatal y propone políticas públicas para el mismo. Se integra por un miembro del Comité de Participación Social y los titulares de instancias fiscalizadoras como la Auditoría Superior del Estado, Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, Contraloría del Estado, Consejo de la Judicatura Estatal, Tribunal de Justicia Administrativa y el Instituto Estatal de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales.

La Secretaría Ejecutiva es un órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador. Debe ejecutar las decisiones que se toman como desarrollar la Plataforma Digital y además será quien diseñe e implemente la metodología para la medición y el seguimiento de los fenómenos de corrupción.

El Comité de Participación Social es la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas al SEA. Está integrado por ciudadanos de “probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción”, indica la Ley. Estos son elegidos por la Comisión de Selección que elige el Congreso del Estado. También el Comité tiene facultad para acceder sin ninguna restricción a la información que genere el SEA u opinar y realizar propuestas sobre la política.

Este es el grupo que ha recibido más ataques de parte de diputados del Congreso Local (principalmente del PAN y Movimiento Ciudadano). El más reciente golpeteo con la aprobación de la reforma que les quita el sueldo por sus servicios el frente del Comité:

El retroceso en el combate a la corrupción en Jalisco
La vigilancia incomoda

Por ley, todas las dependencias, secretarías o entidades públicas también deben de contar con órganos internos de control (antes llamadas contralorías) a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento administrativo y aplicar las leyes de responsabilidades administrativas cuando se requiera.

Uno de los entes más importantes del SEA es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que cuenta con agencias del ministerio público, áreas y unidades administrativas especializadas para prevenir y perseguir actos de corrupción. Entre los delitos que persigue están:

  • Ejercicio Indebido y Abandono del Servicio Público
  • Abuso de Autoridad
  • Cohecho
  • Peculado
  • Concusión
  • Delitos Cometidos en la Custodia o Guarda de Documentos
  • Uso ilícito de atribuciones y facultades
  • Enriquecimiento Ilícito
  • Delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público
  • Desaparición Forzada de Personas
  • Tortura
  • Ocultamiento o falsificación de rendimientos y tráfico de influencias
    Fraude procesal

En Jalisco se creó el 31 de octubre de 2017 y posteriormente se eligió como titular a Gerardo de la Cruz, entre una lista otorgada al Congreso de Jalisco por el Comité de Participación Social.

Dentro del propio conglomerado del Sistema, se considera una entidad especializada en la Fiscalización, integrada por representantes de la Auditoría Superior, la Contraloría, órganos internos de control de los organismos con autonomía, órgano interno de control del Poder Legislativo y órgano interno de control del Poder Judicial.

Al comienzo de las gestiones y tras publicarse las leyes del SEA, el  Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) evaluó la calidad de las iniciativas y las de Jalisco estaban ubicadas entre las más deficientes, junto con Morelos y Veracruz. Debido a que se limitó a incorporar de manera general los entes del SEA, y no incluyeron el nuevo régimen de responsabilidades administrativas ni reformaron su Tribunal Administrativo: “Se trata de una reforma incompleta que no permite una implementación integral del SEA”, expuso el Imco.

La falta de consolidación se ve reflejada en el Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción que calificó con 4.25 puntos de 10 posibles la capacidad de las instituciones públicas mexicanas para atender este problema. En el primer lugar en Latinoamérica está Uruguay con 7.80 puntos.

Por qué es importante el SEA

En 30 entidades del país (entre ellas Jalisco) el 75% de los adultos perciben que las prácticas corruptas en el Gobierno de su estado son frecuentes o muy frecuentes. Solo Querétaro (72%) y Yucatán (71%) tienen menor percepción de acuerdo al Índice de Competitividad Estatal 2021 que desarrolla el Imco.

En Jalisco, 84 de cada 100 habitantes considera que la corrupción es frecuente y sobre todo en los partidos políticos, quienes manejan a través de sus legisladores las reformas y facultades que pueden tener las instancias relacionadas al SEA.

Para revertir esta percepción y contrarrestar las actividades corruptas existen las entidades que combaten este delito, explica Maximiliano Santana, investigador en el área de instituciones, gobernanza y anticorrupción del Imco: “Se veía como si fuera un problema exclusivamente del Gobierno Federal y ahora también se habla en lo local. Ahora hay herramientas para combatirla y contraatacar”.

Una de las características principales del SEA es que conecta a las entidades públicas relacionadas con la fiscalización y el combate a la corrupción que ya existían (incluidas en el comité coordinador) pero que trabajaban independientemente; y también, la participación de la sociedad civil (principalmente plasmadas en los comités de participación), profundiza Santana.

Sin embargo, las medidas que han tratado de implementarse han quedado cortas debido a que el Sistema Anticorrupción no ha tenido apoyo político del poder en turno para dotar de recursos suficientes a las entidades creadas y que sean autónomos, al contrario: “Ha sido objeto de críticas y todo eso merma el funcionamiento correcto de las instituciones”.

Profundiza que debido a la incomodidad que genera para los gobernantes la vigilancia y el contrapeso que representan las entidades originadas de la sociedad civil, buscan debilitarlas, eliminarles recursos y descalificarlas, como ha sucedido en Jalisco con el Comité de Participación Social y con la búsqueda desde el congreso de debilitar la Reforma 2.0 del SEA: “Eso será un gran lastre y retroceso”.

Uno de los cambios que busca esta reforma, por ejemplo, es transparentar las asignaciones de obras públicas de manera generlaizada, debido a que es un sector con alta probabilidad de corrupción, sobre todo cuando el 43% del monto contratado por el Gobierno Federal durante el 2020 fue mediante adjudicaciones directas, que da pie a la discrecionalidad. En Jalisco, tanto entidades estatales como municipales han demostrado que este mecanismo de asignación es de los más utilizados.

El principal factor que detonaría un avance clave del SEA es que la sociedad civil y también empresarios continúen involucrándose, concluye Maximiliano Santana.

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