Las denuncias por abuso sexual que ignora la SEJ

Abusadores sexuales en escuelas públicas y privadas

Las denuncias por abuso sexual que ignora la SEJ
Diseño: Marcela Gámez

C. tenía siete años cuando tres compañeras de su primaria la violentaron a ella y a otra niña, de manera física, psicológica y sexual en la escuela Marco Antonio Montes de Oca en Zapopan, Jalisco. Cuando su mamá se enteró, denunció con las autoridades de la escuela y ante la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), pero a casi dos años de lo sucedido, no ha habido ninguna sanción ni responsable.

En el 2019, Alejandra, la mamá de C., se enteró de lo que pasaba gracias a una amiga de la escuela y así identificó comportamientos nuevos en ella como miedo constante y depresión.

De acuerdo con una entrevista de Zona Docs a la madre, la niña sufre de secuelas psicológicas y en enero del 2020, cuando interpusieron la denuncia en Ciudad Niñez, fue atendida por una psicóloga del Centro de Atención a Víctimas de la Violencia quien le ayudó a salir del “bloqueo” en el que se encontraba.

De a poco, C. ha hablado sobre lo que sucedió en su escuela, cómo fue víctima de violencia en al menos 10 ocasiones y cómo su profesor estaba cerca cuando sucedía. Hasta este año, la menor ha seguido ampliando la información en un proceso que ha sido difícil para toda la familia, sobre todo por el tratamiento psicológico y la preocupación de que no mejore.

Casos como este se acumulan en varias escuelas públicas y privadas de Jalisco donde pareciera que denunciar no representa ninguna solución para las víctimas.

Y es que de enero 2019 a julio del 2020 la SEJ ha recibido 131 denuncias por abuso sexual infantil y ninguna ha tenido resolución. Es decir que los años pasan y ninguna niña, niño o adolescente puede recibir justicia después de atreverse a denunciar.

De las 131 denuncias que se registraron, 76, el 58% siguen en investigación, 52 fueron archivadas temporalmente por falta de elementos y solo 2 están en procedimiento de responsabilidad administrativa sin llegar aún a alguna sanción.

Además, aunque la mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes, también hay niños y jóvenes víctimas. Algo similar sucede con los denunciados quienes en su mayoría son hombres, pero también hay mujeres que violentan a los y las menores. Los casos registrados sucedieron principalmente en preescolares, primarias y secundarias públicas pero también hay registros en colegios como el Instituto Philadelphia donde se acumulan denuncias desde al menos el 2018, el colegio Valladolid y el Instituto Tepeyac Campus Capital Norte.

La impunidad de la SEJ no solo se da por la falta de resoluciones a los casos que ellos reciben sino porque en ninguna situación denunciaron a la Fiscalía ni dieron acompañamiento a las víctimas con la denuncia penal.

Los datos son dolorosos pero desafortunadamente no son nuevos para las expertas que acompañan y vigilan a las niñeces en el estado. Incluso, el dato de 131 denuncias es cuestionable para Lourdes Limón Olivo, integrante de Maroma: Observatorio de Niñez y Juventud, quien no duda que haya más casos que no llegan a la Secretaría de Educación, que no se denuncian o de plano que no se transparentan.

“Seguro hay más, pero esos casos no escalan, lo que sucede es que la escuela intenta resolver adentro, cuando no se puede pasa a supervisión y así sucesivamente”, y en ese proceso, las víctimas se cansan, desisten e incluso los papás optan por cambiarlas de escuela con tal de que las dejen en paz. “Yo creo que una cosa es lo que a la SEJ les llega y otra son las experiencias de las niñas, jóvenes y maestras”, recalcó Lourdes e insistió en que lo importante es que los niños y adolescentes estén presentes en esos procesos, para que hablen y ellos decidan qué sí y qué no les funciona. “Tenemos una SEJ sumamente adultocentrista, mediada por una sociedad de padres de familia que además es panista”.

Solicitud de información: https://pdfhost.io/v/rAbErWk4h_INFOMEX_05522521.pdf

Limón Olivo, quien también es psicóloga con especialidad en juventud, calificó como “grave” que no haya resolución para ninguna de las denuncias, lo que muestra el poco interés en el tema por parte de las autoridades y explicó que actúan como las iglesias, en cuanto un profesor es señalado, solo lo cambian de escuela donde convive con más niños y adolescentes.

La situación de violencia infantil es grave a nivel nacional y a nivel Jalisco que ocupa el segundo lugar con más casos de explotación sexual infantil en escuelas, solo debajo de la Ciudad de México, de acuerdo con el informe “Es un secreto” de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) que se publicó en junio.

El trabajo pone en evidencia cómo se gestan redes de prostitución infantil en las escuelas, las agresiones sexuales en grupo, la participación de adultos dentro o fuera de las escuelas, los rituales, la violencia, las grabaciones y demás patrones de comportamiento de los delincuentes y las consecuencias en las y los menores de edad.

El personal de la ODI, quienes acompañan legalmente a víctimas, registró cuatro escuelas en Jalisco donde se han señalado agresiones sexuales en grupo del 2011 al 2018, que han mostrado patrones delictivos organizados entre adultos y que tienen como víctimas a grupos de niños y niñas de 3 a 7 años de edad.

Las cuatro escuelas son la primaria “Adolfo López Mateos” en Zapopan; el Jardín de niños “Carlos González Peña” en Lagos de Moreno; el jardín de niños Idolina Gaona de Ruíz en Zapopan y el preescolar “Fray Juan Ruiz de Cabañas y Crespo” en Chapala donde identificaron ambientes de “violencia sexual generalizada, abierta y sistemática”.

Al analizar los datos de las denuncias recibidas por la SEJ, también se identifican escuelas con patrones de abuso y con varias denuncias, por ejemplo, la escuela primaria Agustín Yañez tiene 4 denuncias por abuso sexual infantil desde el 2019 y ninguna ha tenido resolución. Los casos son tan preocupantes porque las víctimas son desde adolescentes hasta niñas de 4 años.

También resaltan los abusos a niñas y niños con discapacidad de los Centros de Atención Múltiple (CAM), en Jalisco hay 4 registros de abuso sexual infantil en el CAM 21, CAM Antonio Alcalde y dos en CAM Mundo Nuevo.

De acuerdo con los expertos de la ODI, parte esencial del problema han sido las deficiencias en el trabajo policial y los obstáculos que ponen en la investigación criminal. “Aún y cuando hay ministerios públicos comprometidos y esforzados, el aparato de investigación criminal no les permite ser efectivos”, se lee en el documento.

Y recalcaron cuatro puntos que llevan a la impunidad en los casos. Primero, la falta de coordinación entre policías y el Estado. Segundo, los obstáculos en la investigación que hacen “literalmente imposible el esclarecimiento de criminalidad compleja”. El tercero es la falta de especialidad en los procesos de justicia para las niñas, niños y adolescentes. Y el cuarto, la exclusión de la víctima para intervenir en la investigación criminal, es decir, no están preparados para tratar y entrevistar a los menores.

El silencio con las infancias y la rapidez de la policía

Ante la inacción de las autoridades en el caso de abuso a dos menores durante casi dos años y al saber que los presuntos responsables y autoridades de la escuela siguen trabajando sin sanción, la familia y un grupo de feministas se reunieron el viernes 10 de julio afuera de las oficinas de la SEJ para manifestar su descontento y exigir que atiendan a todas las víctimas de violencia sexual en las escuelas de Jalisco.

Como respuesta, la policía del estado reprimió la manifestación y detuvo, de manera violenta de acuerdo con los reportes de las activistas, a 10 mujeres integrantes del Frente Feminista de Jalisco, una de ellas incluso cargaba a un bebé.

“En reiteradas ocasiones se había acudido a las autoridades correspondientes para pedirles que hicieran su trabajo, sin obtener apoyo ni respuesta (...). No solo no respetaron el reclamo legítimo de nuestras compañeras, sino que encapsularon ciudadanas que hacían uso de sus derechos, las reprimieron con todo el uso de la fuerza”, rechazaron las feministas del Frente en un comunicado.

En otras marchas feministas el edificio de la SEJ no había sido intervenido y ha habido pocas reacciones mediáticas ante los abusos de las y los niños. Para Lourdes Limón Olivo, la represión de las autoridades educativas manda un mensaje de que no quieren hacerse responsables de lo que sucede. “Ellos no quieren dar su brazo a torcer porque sería admitir que hay un problema y eso los pone en medio de la jugada. El mensaje que están dando con lo que pasó el viernes es de que no podemos tocar a la SEJ”.

Tras el informe de ODI y ante la presión de Maroma y otras colectivas y activistas, la Secretaría de Educación Jalisco respondió que sí es grave el asunto pero que todos los casos sucedieron en administraciones anteriores, sin considerar su responsabilidad. Las y los defensores de los derechos de las infancias, han exigido a las autoridades que reconozcan que existen redes de prostitución infantil en las escuelas y a partir de ahí generar acciones precisas.

En particular, Maroma ha pedido a través de un comunicado que se haga público el informe de ODI en las redes sociales y se difunda en videos de la SEJ para que maestros y profesores estén enterados del tema y de la importancia de la educación sexual. Además, han propuesto que se abra un tercer agente con las colectivas, que acompañe el proceso de las víctimas y sirva como un observatorio que brinde transparencia.

Y es que, aceptar que hay redes de prostitución en las escuelas implica aceptar que el crimen organizado está involucrado y que no han sido capaces de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Pero en lo que las autoridades responden, las colectivas estarán ahí para defender a las infancias, poner el cuerpo, rallar todas las paredes, gritar todas las consignas y exigir la seguridad y libertad que se merecen. Su postura es de diálogo, han presentado propuestas y están dispuestas a trabajar junto con quienes deciden, pero también saben que si ese panorama no se abre, están preparadas para alzar la voz y luchar hasta que el respeto de todos los niños, niñas y adolescentes se haga costumbre.


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