El retroceso en el combate a la corrupción en Jalisco

La vigilancia incomoda

El retroceso en el combate a la corrupción en Jalisco

Los esfuerzos que desde el 2017, e incluso antes, han hecho especialistas y organizaciones civiles a favor de la vigilancia de la corrupción en Jalisco, parece que van en retroceso.

El lunes pasado, el Congreso del Estado votó a favor de eliminar los sueldos de los cinco integrantes del Comité de Participación Social (CPS), organismo que se desprende del Sistema Anticorrupción del Estado; y ya se discute en comisiones la aprobación de la Reforma 2.0 al Sistema Local Anticorrupción.

Las acciones de los legisladores han generado desaprobación y algunos expertos aseguran que las decisiones son un retroceso a los avances que ha tenido el estado en materia de corrupción e incluso pareciera ser una respuesta ante los últimos señalamientos que ha hecho el CPS y han incomodado a varias figuras de poder.

¿En qué afecta a la ciudadanía que los integrantes del CPS ya no reciban un sueldo y que se pretenda reformar la ley anticorrupción?

Detrás del escándalo mediático

En el verano del 2019, el Comité de Participación Social junto con organizaciones de la sociedad civil trabajaron en siete mesas de discusión y análisis de la reforma al Sistema Estatal Anticorrupción con el fin de dotarlo de más herramientas y garantizar el combate a la corrupción desde todas las áreas.

Al finalizar, en diciembre del 2019, presentaron una iniciativa de ley ante el congreso. Desde entonces no ha habido avances y la propuesta quedó en la congeladora hasta el viernes pasado cuando presentaron en comisiones algo que Jesús Ibarra, académico e integrante del CPS llamó una “contrarreforma” que dejó de lado casi todo el trabajo que se hizo en el 2019 e ignoró el combate a las redes de corrupción.

“No hubo avances (en el 2019) porque vieron que era una iniciativa que le daba mucho poder al Sistema Anticorrupción para perseguir la corrupción política. Lo que hicieron fue quitarle de la versión original todo lo que fuera amenaza al poder”, criticó Ibarra quien es Doctor en Derecho Público y Método Jurídico por la Universidad de Alicante, España.

Entre los puntos principales de la reforma es que no hacen grandes cambios al modelo de compras ya que no se obliga al gobierno a contratar o comprar a empresas con criterios de integridad ni prohíbe comprarle a quienes simulan o dan factura falsas.

Parte del trabajo más reciente del Sistema Estatal Anticorrupción y de los integrantes del CPS fue darle seguimiento a los escándalos mediáticos del gobierno estatal, de los más sonados fue A Toda Máquina, un proyecto de obras públicas en el que se evidenció cómo el gobernador Enrique Alfaro dio preferencia a personas cercanas y amigos para conseguir contratos cuantiosos.

De acuerdo con Ibarra, quien además es integrante del CPS, al no garantizar el análisis de los contratos públicos, se da pie a los conflictos de interés.

Otro punto que se modificó en la reforma propuesta este año es el de los órganos internos de control (antes contralorías) que aunque seguirán, no se aceptó un presupuesto obligatorio y ahora el gobierno estatal decidirá su nombramiento, lo que atenta contra su autonomía técnica y de gestión, “es una forma de desactivar al contralor”, de acuerdo con el experto.

También, llama la atención que no hubo cambios para reconocer y sancionar la corrupción urbanística. En el 2019, el CPS y las organizaciones civiles propusieron que se incluyera el delito contra afectaciones al desarrollo urbano y planeación territorial con el fin de que si se construye una torre fuera de norma esta no solo tenga consecuencias administrativas sino también se revise penalmente quién la autorizó, por qué y quiénes participaron. Según Ibarra, esos grandes casos como lo ha sido Iconia, la construcción inmobiliaria en el Parque Resistencia Huentitán, deben investigarse como toda una red de corrupción donde puede haber autoridades del más alto nivel involucradas. “Esa propuesta no pasó porque imagínate, qué escándalo para los políticos”.

Tabla comparativa reforma 2.0: https://pdf.ac/vWh4f

Sobre la eliminación de los salarios de integrantes del CPS, para Ibarra pareciera más una excusa o una pantalla para no hablar de lo más preocupante que sería la modificación a la ley.

La votación que hicieron los legisladores el lunes pasado, determinó que ningún integrante del Comité podrá seguir percibiendo los 70 mil 748 pesos mensuales estipulados con la justificación de que trabajen con autonomía.

"Es un órgano que vigila el uso de recursos públicos. Todo aquello que hace uso de recursos públicos se mete al sistema que usa esos recursos públicos, no se puede ser juez y parte; no se puede juzgar el mal o buen uso de recursos si tú formas parte de esos sujetos que usan (los) recursos", comentó el congresista panista Jesús Hurtado, quien impulsó la iniciativa.

Además de no percibir un sueldo, los diputados pretenden que quien integre el CPS tampoco perciba un salario de alguna institución gubernamental ni pública.

Sin embargo, la decisión es inconstitucional ya que va en contra de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que dicta que debe haber una remuneración para el personal del CPS a nivel federal y estatal. De acuerdo con Álvaro Quintero, maestro en corrupción y gobernanza por la Universidad de Susexx, es muy probable que si el caso llega al Poder Judicial, se irá para atrás. “Una vez más, de cierta manera nos demuestra que los diputados están trabajando más por el tema de revancha que por la legalidad”.

Y es que, esa revancha se sospecha viene desde los señalamientos que hicieron los integrantes del CPS ante los nombramientos de Magistrados y consejeros de la Judicatura, a "cuates" de las y los diputados. Annel Vázquez, presidenta del CPS, ha insistido en que desde ese momento han sido incómodos pero aseguró que responderán de manera legal para tratar de frenar la medida.

El futuro del organismo que vigila la corrupción aún es incierto. Falta una fecha para que se discuta la reforma de ley en el pleno del congreso, que se publique la eliminación de los salarios de los integrantes del CPS en el Periodico Oficial de Jalisco y que inicie el proceso legal en contra. Además, en septiembre se termina la presidencia de Annel Vázquez y comenzará la búsqueda de un nuevo integrante del Comité.

Por lo pronto, el debate se ha abierto para analizar los mecanismos de combate a la corrupción en el país y los intentos de los gobiernos por censurar o controlar a quienes los vigilan. De acuerdo con Álvaro Quintero, el CPS de Jalisco sí ha dado buenos resultados, aunque podrían trabajar en darle más socialización a su labor para salir del círculo rojo. Y sobre todo falta que hagan más investigaciones, más informes, que se diseccionen esos casos emblemáticos para entender qué falló y cómo se puede mejorar.

En lo que el tema avanza, la discusión ya está abierta sobre los grandes pasos que aún faltan para que las autoridades del estado y el país se preocupen realmente por el combate a la corrupción y no se convierta en un pretexto o estrategia electoral.


Territorio es un medio libre e independiente que busca producir periodismo balanceado, abierto y de calidad.  Tu contribución es muy importante para continuar, alcanzar a más personas, mantener nuestra independencia editorial de intereses ajenos y ofrecer trabajo seguro, estable y suficiente para nuestros periodistas. Hay distintas formas de apoyarnos, asistiendo a alguno de nuestros cursos en Plural, obteniendo alguno de nuestros productos en la tienda o donando directamente en nuestra página de donaciones.

¡Muchas gracias!

#TerritorioBienPúblico