El Zapotillo: historia de una imposición económica y política

Los límites del poder político

El Zapotillo: historia de una imposición económica y política
Fotos: Andrea Murcia

Treinta años sería la vida útil de la presa El Zapotillo para reducir el déficit de abastecimiento de agua del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), pero su construcción ha puesto en riesgo poblaciones de origen indígena que se remontan desde el periodo de la Colonia, con edificaciones del siglo XVI, y una población total de mil 12 habitantes repartidos en Acasico (365), Palmarejo (167) y Temacapulín (480), pero ¿cuál es la consecuencia social que trae consigo la presa?

Los efectos sociales jamás fueron tomados en cuenta en más de 100 años de construcción de presas con fines de producción de energía y recolección de agua para riego, y mucho menos se consideró el desplazamiento forzoso de una multitud de comunidades, indica una investigación de Judith Domínguez, académica de El Colegio de México (Colmex).

“Afecta de manera profunda e irreversible todo el andamiaje social, cultural, político y económico (…) expone una serie de reclamos en torno a las presas, tales como desplazamiento, despojo del capital natural, privación de la subsistencia y la cosmovisión o autodeterminación”, cita el estudio.

Este es un factor esencial que continúa sin considerarse, analiza el académico Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Raúl Pacheco-Vega, ya que las opciones alternas a la presa siguen priorizando la ingeniería sobre la cultura o educación del cuidado del agua. Destaca que es importante ir en la dirección contraria y analizar el impacto de una megaobra como El Zapotillo, “también podemos cambiar nosotros en nuestro consumo diario”.

“Los especialistas y técnicos en distribución de agua siguen pensando en soluciones ingenieriles cuando deberían considerarse soluciones sociales para el abastecimiento del agua en las grandes ciudades. Preguntarse ‘¿cómo le hacemos para reducir el consumo de agua socialmente e incrementar un tratamiento de la misma?’ Verlo desde una perspectiva más holística”.

Desde el inicio y hasta la fecha, la planeación de la obra ha sido impuesta sobre los problemas sociales que provocaría y ha causado, ya que ni siquiera se tomó en cuenta el aviso temprano a la población afectada, señala la investigadora del Departamento de Estudios Socio Urbanos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Cecilia Lezama Escalante.

“Este tipo de acciones se las ahorran las autoridades considerando que son pueblos con poca población y que las indemnizaciones serán mínimas. Desde ahí vemos la posición de un gobierno autoritario”.

Durante sus trabajos de investigación en Temacapulín, Lezama Escalante comprobó que solo se reconocieron los factores técnicos y financieros para hacer la obra con fines de abasto de agua urbano, ni siquiera en beneficio de los habitantes de la zona.

La cantidad de personas que habitan los poblados que corren peligro de inundarse con la operación de la presa pasa a segundo plano cuando se violentan sus medios de vida que han sobrellevado desde hace siglos: “Ellos están identificados en este territorio y cuando se les exige desalojar con la promesa de que los indemnizarán se corre un nuevo riesgo de que no se cumpla”.

Estos desplazamientos generan al corto plazo un desarraigo social además de un proceso de marginación en los nuevos centros de población. Para muestra está el predio Talicoyunque, que las autoridades del Gobierno de Jalisco ofrecieron a los pobladores afectados por El Zapotillo para cambiar su hogar. Después de 10 millones 233 mil 826 pesos pagados a una empresa de seguridad privada y más de 105 millones de pesos invertidos en el centro de reubicación, solo viven siete familias sin acceso a servicios básicos, reportó recientemente Zona Docs.

Lo anterior contrasta con lo indicado en un documento oficial presentado por la Comisión Nacional del Agua ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, se afirmaba que con la reubicación o desplazamiento de los habitantes de la región tendrían servicios básicos, pagos de terreno, diferentes esquemas de indemnización y hasta generación de empleos directos e indirectos durante la construcción y operación de la infraestructura.

Injustificable el beneficio a “las mayorías”

Durante la presentación de un nuevo proyecto para la presa junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Jalisco afirmó que “si el agua que va a generarse en esta presa nos permite resolver el abasto de la ciudad más importante del país pues nos parece que lo que estamos haciendo es tomar decisiones por el beneficio de las futuras generaciones”.

Y aún así, los beneficios a largo plazo y a una población masiva quedan en entredicho, debido a que el desarrollo y provecho real se lo quedan quienes lucran con el abastecimiento de agua como las empresas constructoras, analiza Lezama Escalante.

Por su parte, el académico de Flacso Raúl Pacheco-Vega, recuerda que, en su origen, el proyecto sí se había planeado para beneficiar al estado de Guanajuato, a donde emigraron miles de personas de la Ciudad de México tras el temblor de 1985, por lo que fue necesario incrementar el abasto de agua. Pero aún así, no se discutieron cuestiones de justicia ambiental para definir qué poblaciones y por qué merecerían el agua del cauce intervenido por la Presa El Zapotillo y por qué inundar Acasico, Palmarejo y Temacapulín.

“La historia de la presa está plagada de elementos de injusticia y eso es independiente a si es una buena o mala idea. Al hacer un análisis costo beneficio resulta en costos elevados. (…) Además cómo se puede decidir quién tiene más derecho al agua ¿Guadalajara o Guanajuato o lo tienen las comunidades que podrían inundarse?  Eso nos recuerda que las comunidades tienen sus derechos y que hay que protegerlos independientemente que haya millones de personas con necesidad de agua”.

Es por ello, que este tipo de proyectos deben reconsiderarse para que los impactos socioambientales sean menos negativos, concluye Pacheco-Vega.

Miguel Ángel Casillas Báez, investigador egresado del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), publica en su tesis una breve descripción social de la región afectada.

Durante el siglo XX, en dos ocasiones se intentó construir presas en la cuenca del Río Verde. El primer intento fue la presa La Zurda, a cinco kilómetros del valle de Temacapulín, la cual tuvo dinero invertido entre 1956 y 1959 pero quedó en el olvido con el cambio de administración del Gobierno Federal. El segundo llegó en 1988 cuando se construyó la presa Elías González Chávez o Calderón, a la cual se le atribuyó la crisis de agua en el AMG del primer semestre de 2021 por sus bajos niveles.

Temacapulín, Acasico y Palmarejo se ubican en una zona conocida en la región como  “Los Altos escondidos” por su despoblamiento rural propiciado por la migración y la concentración de la riqueza y empleo en las ciudades regionales. En los primeros 10 años del siglo XXI, la tercera parte de los ranchos perdió a sus habitantes permanentes, lo que convirtió a los municipios de Cañadas de Obregón, Mexticacán y Valle de Guadalupe como los menos poblados de Los Altos.

A diferencia de “Los Altos de abajo” donde predomina la forma de vida campesina o “Los Altos de arriba” con propensión a la urbanización.

Temacapulín es un pueblo cuya mayor parte de habitantes son niños que todavía no emigran, familiares de mujeres y hombres migrantes que retornaron, y es la única comunidad con categoría política de delegación en el ayuntamiento de Cañadas de Obregón.

Sin embargo, según los análisis en el sitio realizados por la investigadora de la UdeG Cecilia Lezama Escalante, los migrantes en Temaca regresan año con año y planean su vida a largo plazo para, después de haber ahorrado el suficiente dinero, sobrellevar el resto de su vida en el pueblo: “Encuentran un lugar para regresar al momento de su posible jubilación. La gente realmente está identificada con su pueblo”.

Por ello lamenta que esos factores se descarten al evaluar una megaobra como El Zapotillo: “Son un bien o patrimonio cultural inmaterial. No tiene un valor monetario, pero son cuestiones importantes para la sociedad”.

Más de 100 años de historia de presas

A lo largo de la historia se han documentado desplazamientos masivos como de 25 chinantecos y mazatecos por la construcción de la presa Cerro de Oro (1974), en Oaxaca.

“Las poblaciones afectadas cuentan con tradiciones, valores culturales y arraigo, elementos sociales y ambientales que deben considerarse”, expone el estudio de la investigadora de El Colmex, Judith Domínguez. En contraste, la historia de la construcción de las presas ha priorizado la dominación de la naturaleza, maximización de la producción agrícola y utilización como un instrumento de poder, al dar a las élites la habilidad de dirigir el agua para su propio beneficio.

Los primeros intentos contemporáneos de construir estas obras data de 1910, con la presa La Boquilla sobre el río Conchos, en Chihuahua, y fue terminada en 1916 con el propósito de generar energía eléctrica. Hasta 2015, Conagua documenta que existen más de cinco mil 163 presas construidas en México; y la región que más obras concentra es Lerma-Santiago-Pacífico que pasa por Jalisco que, de hecho, lidera junto con Tamaulipas la mayor proporción de presas en el país.

Un informe de la Comisión Mundial de Represas, creada por la ONU, publicó un informe desde el año 2000 en que estableció las prioridades que deberían considerarse para la construcción de infraestructura hidráulica, ninguna ha sido atendida durante la construcción de El Zapotillo:

- Obtener la aceptación pública.

- Evaluación exhaustiva de opciones.
- Consideración de las presas existentes (pertinencia de la construcción de nuevas).
- Conservación de los ríos y medios de subsistencia.
- Reconocimiento de los derechos.
- Garantía de los beneficios compartidos para asegurar la confianza pública.

- Cumplimiento por parte de gobiernos, promotores, reguladores y operadores de los compromisos adquiridos en la planificación, ejecución y operación de represas.


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