La despenalización del aborto, ¿qué pasará en Jalisco?

La batalla por los derechos

La despenalización del aborto, ¿qué pasará en Jalisco?

“Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía, para después abortar", fue la frase con la que cerró su intervención la ministra Ana Margarita Ríos Farjat el martes pasado durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se votó de manera unánime a favor de la descriminalización del aborto.

En la sesión, los ministros declararon inconstitucional penalizar el aborto tras un análisis al Código Penal de Coahuila y declararon inconstitucional proteger la vida desde la concepción; es decir, un ser humano cuenta con derechos hasta el nacimiento y antes de eso es responsabilidad de la madre o persona gestante. Esto ha sentado un precedente que podría llevar a la legalización del aborto en el país que dependería de la voluntad de las autoridades y la labor de los congresos estatales.

Las y los expertos han aclarado que la decisión de la SCJN no significa que se legaliza el aborto de manera automática, pero sí es un precedente y ejerce presión tanto a jueces como autoridades de todos los niveles hacia la libertad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo.

En Jalisco, el idea de despenalizar el aborto aún suena complicada, sobre todo por las presiones y los poderes de los políticos conservadores y la iglesia, además de las trabas legales que existen desde hace más de una década.

El fallo no legaliza de manera automática el aborto en todo México, advirtieron los expertos, pero sienta un precedente vinculante para los jueces a nivel nacional. Según algunos analistas, las mujeres que han sido arrestadas por tener un aborto pueden demandar a las autoridades estatales para que les retiren los cargos. Activistas y organizaciones de defensa también planean presionar a las autoridades gubernamentales para que liberen a las mujeres que en este momento están cumpliendo penas de prisión por haber abortado.

¿Qué tendrá que hacer Jalisco?

Jalisco es un estado particularmente religioso, de acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), 92% de los jaliscienses son católicos y se han contabilizado 2 mil templos a lo largo del territorio.

A nivel político, la presión católica ha sido evidente desde hace años, por ejemplo, con las opiniones e influencias en las decisiones políticas que han llegado a tener personajes como el cardenal Juan Sandoval Íñiguez o incluso grupos conservadores como el Frente por la Familia quienes han presionado a candidatos y diputados o diputadas en su toma de decisiones.

Respecto al aborto, en Jalisco, la interrupción del embarazo solo es legal cuando la mujer o persona gestante es menor de edad, fue víctima de violación o su vida corre peligro, esto con todas las implicaciones que lleva demostrar una condición de riesgo y asegurar que las y los médicos realicen las labores que les dicta la ley. Para el resto, un aborto significa de cuatro meses hasta un año de prisión “ a la madre que, voluntariamente, procure el aborto o consienta en que otra persona la haga abortar con ese fin y que el aborto se efectúe dentro de los primeros cinco meses del embarazo. Si el aborto se efectúa después de los primeros cinco meses del embarazo se duplicará la pena”, se lee en el artículo 228 del Código Penal local.

La iglesia ha tenido tal influencia en las decisiones políticas que en el 2009, tras una amenaza de Juan Sandoval Íñiguez de retirar su apoyo económico a las autoridades, se modificó la constitución estatal para proteger la vida desde la concepción.

“El Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida
de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la
fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para
todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural”, se lee en el artículo 4.

Por todas las trabas, blindajes conservadores e intereses políticos que existen tan solo a nivel local, para Patricia Ortega, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDESER), la resolución de la corte llega tarde y puede no ser suficiente.

“Me sigue pareciendo que llega tarde y que pone en evidencia que sí se hubieran podido hacer muchas cosas desde antes pero no se han hecho porque en realidad no hay una voluntad política para respetar los derechos de las mujeres. Como que van siendo transacciones en un momento determinado con las que logran avanzar pero no corresponden ni con la urgencia, ni con la necesidad, ni con la violencia que estamos viviendo las mujeres”.

Y es que no es un tema nuevo la violencia que viven las mujeres en todo el país, y el aborto y la criminalización de las personas que lo hacen es parte de esa violación de derechos sistemática. En octubre del año pasado, Zona Docs publicó que de enero de 2010 al 31 de agosto de 2020 se han iniciado 221 carpetas y/o averiguaciones previas por el delito de aborto, según la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ). Y desde 2007 hasta la fecha se han emitido 36 sentencias condenatorias por aborto.

En todo el país, y Jalisco no es la excepción, la violencia y la criminalización más fuerte a mujeres y personas gestantes que deciden abortar se da principalmente a quienes son más vulnerables: a las más pobres, a las que menos educación tienen o viven lejos de la ZMG. La decisión de la Corte mantiene igual de inaccesible el acceso a una interrupción legal del embarazo a las y los más vulnerables.

Y es que, tras el fallo de los magistrados, todas las leyes locales deberán armonizarse a la descriminalización del aborto que se incluirá en la Constitución Mexicana.

Para Jalisco significará modificar el artículo 4 de la constitución local y eliminar los artículos 228 y 229 del Código Penal. Sin embargo, ningún estado está obligado a crear clínicas de interrupción legal del embarazo como sucede en la Ciudad de México, Oaxaca y sucederá en Veracruz e Hidalgo, ni conlleva una campaña de educación y capacitación a personal de salud.

Aún así, en lo que modifican las leyes, en lo que se junta la voluntad política de las y los diputados, las organizaciones civiles feministas luchan en contra de los grupos conservadores y el gobernador Enrique Alfaro se pronuncia, la alternativa que tienen quienes quieren abortar es acudir a un abogado y emitir un amparo en contra de quien les denuncie. Esta es una opción solo para quienes tienen acceso a la información y a un abogado o abogada que les defienda, algo complicado para la mayoría de las personas.

“Es injusto incluso el saber que lo pueden hacer (las mujeres y personas gestantes), si hablamos con la mayoría de las mujeres trabajadoras, obreras, campesinas, ni siquiera se han enterado de lo que pasó en la Suprema Corte; y mucho menos saben que eso les impacta en algún momento de su vida. Sí es una desigualdad porque no toda la gente tiene esta información”.

Por el momento, las organizaciones civiles y algunas áreas gubernamentales como la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (Sisemh) han comenzado con la búsqueda de mujeres sentenciadas y encarceladas por abortar para hacer valer la nueva decisión de la corte.

Asociaciones como Atala Apodaca, Comité Promotor de la Maternidad Segura, Centro de DDHH de las Mujeres, Cladem, Católicas por el Derecho a Decidir, Me Cuidan mis Amigas y DDSER también ofrecen apoyo y guía jurídica a mujeres y personas gestantes que requieran ayuda con su proceso de aborto.

Hasta el momento, se espera que la decisión de los magistrados genere presión hacia un país que permita el aborto, pero dependerá de la voluntad de las autoridades para que en Jalisco el aborto libre y seguro sea pronto una realidad.


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