El agua en Monterrey
La evolución de un problema histórico
La crisis del agua no es la misma en todas las ciudades ni en todos los barrios.
Para el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), la crisis del 2022-la peor de los últimos 30 años-era al menos predecible por ser una ciudad en expansión, con crecimiento poblacional alto y disperso, y en donde confluyen muchas personas bajo condiciones climáticas extremas.
Pero también por ser una región con alta dependencia, y variabilidad, por las lluvias, poco cuidado ambiental y por su enfoque altamente economicista de la distribución del agua.
Si los servicios de agua que provee un gobierno son difíciles de implementar al tener dimensiones técnicas, políticas y sociales, en una ciudad como Monterrey se hace más complejo al estar mediadas por la influencia de fuerzas políticas e intereses económicos, que son determinantes en la toma de decisiones y el curso de los acontecimientos.
Antonio Hernández, activista, biólogo e integrante de la organización Pueblo Bicicletero, me cuenta que sus vecinos de una colonia de clase media alta al sur de la ciudad, cerraron calles y salieron a protestar en 2022.
El descontento por la cancelación del acceso al agua era tanto, que hubo momentos de tensión en los barrios que sólo se han visto en las movilizaciones feministas y del magisterio.
Es una sociedad muy conservadora y que mis vecinos salgan a protestar es algo impensable, pero cuando la gente ve que algo fundamental para su vida no está, sale a la calle, exige cambios y el gobierno responde.
Esto no es nuevo, en la historia de Monterrey hay registros históricos de rebeliones individuales y colectivas al orden económico, al que constantemente se le atribuyen los relatos virtuosos de prosperidad y desarrollo.
El Monterrey industrial, como escribe Ximena Peredo, se debe también a intensas movilizaciones obreras sindicales y a una larga tradición de huelgas.
Los conflictos, reprimidos en la memoria industrial, generaron movimientos y dinámicas democráticas, que se reflejaron en una mejor calidad de vida para los trabajadores:
Monterrey se funda en 1596, pero para 1890 la acumulación de capital –producto de la conexión ferroviaria, la actividad comercial y el contrabando local– terminó por transformar el paisaje, los oficios y la vida cotidiana.
Así comienza una relación entre las élites económicas y políticas basada en “la utilidad pública”, entre las que se incluía la evasión de impuestos y los contratos ventajosos que después se convertirán en una tradición, que perdura hasta el día de hoy.
En el caso del agua, no es hasta 1909 que la ciudad cuenta con un sistema municipal en forma, desarrollado y operado por la compañía canadiense MacKenzie Mann & Sewer and Co.
Durante los primeros 20 años de operación, Monterrey tuvo uno de los sistemas de agua más exitosos del país, sin embargo para 1946, la Cámara de Comercio presentó un estudio en el que señalaba que solo el 50% de la población tenía acceso al agua potable.
De ahí que se decidió terminar con el contrato y que el gobierno continuará con la operación, la renovación y ampliación del sistema.
A finales de los años 40 y durante toda la década de los 50, la ciudad atravesó por una severa sequía, y en 1948, por primera vez en la historia de Monterrey, hay un racionamiento de agua impuesto por el gobierno.
Ahí nacieron las primeras instituciones para la planeación de la infraestructura hídrica como la Comisión del Agua Potable de Monterrey (CAPM) y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), que ayudaron a generar estudios para obtener agua, y en donde el sector privado tenía un amplia injerencia.
De hecho, el Grupo Industrial Monterrey (GIM) desarrolló junto a la CAPM, el proyecto presa la Boca, que es actualmente una de las tres más importantes de la ciudad.
A muchos proyectos para dotar agua a la población les tomó casi toda la década de los 50, para consolidarse.
En 1957, la falta de agua provocó un levantamiento en uno de los barrios más populares de Monterrey y el gobernador tuvo que pedir prestados dos tubos de acero a PEMEX, para que se colocaran sobre la superficie y traer agua de dos túneles de infiltración que se estaban construyendo.
En la década de los sesentas, Monterrey tuvo la tasa de crecimiento poblacional más grande de México (5.4%), mientras la construcción de infraestructura hídrica fue nula debido a los distintos desacuerdos entre el gobierno federal y el local.
El único proyecto que se terminó, gracias a la presión del sector industrial, fue el de la presa la Boca.
Esto obligó a la industria a aumentar en número y profundidad los pozos en el AMM, y se intensificó la estrategia de búsqueda y obtención de agua superficial y subterránea en subcuencas remotas.
En 1967, la población en Monterrey ascendía al millón de habitantes, el abastecimiento de agua era de 2,834 litros por segundo y la CAPM registraba una pérdida de agua del 32.5 %, por lo que el abastecimiento real era de 1,913 litros por segundo.
Es decir, el 66.8 % de la población estaba conectada al sistema de aguas, dejando a casi 340 mil personas dependiendo de pipas y otros métodos alternativos.
El racionamiento era una constante durante esos años, pues el SADM proveía un servicio ineficiente a los consumidores domésticos, a la pequeña industria y al comercio.
De ahí que los industriales más grandes desarrollaron un sistema de extracción que escapaba a cualquier forma de registro o control, al margen del sistema municipal y de la ley.
Así se iniciaba la carrera del sector privado por el agua profunda en Monterrey, a través de la construcción de plantas de tratamiento y ampliando el número de pozos, de su propiedad, en zonas donde no llegaba la red de distribución.
Ya para los años setenta, Monterrey había duplicado su población y el 28.6 % contaba con servicio de agua potable en casa. Aunque la población no atendida había pasado de 131,342 en 1960 a 341,761 en 1970, a pesar del racionamiento crónico al que era sometida la población.
Los años setenta también se caracterizaron por una gran inestabilidad política por el surgimiento de los movimientos estudiantiles, obreros y magisteriales, que conforme avanzó la década, fueron violentamente desarticulados.
En el caso del agua, a pesar de lograr conectar a un 80% de la población al sistema municipal de agua, la población creció un 37% y 228 mil personas todavía carecían de acceso al agua.
En 1976, la CAPM dobló su deuda con la devaluación y para 1977, Monterrey tuvo una nueva crisis de agua.
Las soluciones se concentraron en incrementar el abasto, en expandir las capacidades de los acueductos y las redes de distribución. Al mismo tiempo se diseñó un plan para evitar las pérdidas de agua, que ya eran de 45%.
En 1976, la batalla por el control de los organismos del agua entre el sector público y el sector privado se agudizó, cuando el director general de SADM fue acusado de beneficiar a desarrolladores inmobiliarios, desatender las necesidades de las clases populares y de un desfalco millonario a favor del Grupo Industrial Monterrey.
La intervención presidencial logró quitarle parte del control que tenía el GIM de los organismos del agua, desde 1954.
Hasta los años setenta, solamente un 60% de la población contaba con el servicio y en 1980, aunque la cobertura de la red alcanzaba al 90% de la población, el servicio se otorgaba de 2 a 3 horas al día.
En 1980, los bloqueos a las calles del centro de la ciudad lograron paralizar la circulación por algunos días.
En los bloqueos participaron amas de casa con tinas y cubetas, y otros grupos que realizaron demostraciones frente al palacio de gobierno y las oficinas de SADM.
La presión logró que en 1980 se creará el Plan Hídrico de Nuevo León, que implicaba la construcción de la presa de Cerro Prieto y un acueducto de 150 kilómetros.
La presa sería la más grande en el país para atender a consumidores urbanos y el acueducto el más grande de Latinoamérica.
Durante esos años, las protestas y movilizaciones populares invadieron el espacio público y tuvieron mucha fuerza e impacto.
En 1984, se logró construir el acueducto Linares-Monterrey, la presa Cerro Prieto y un anillo de transferencia.
En ese mismo año se anuncia el programa Agua para Todos que consiste en dotar a todas las colonias periféricas de agua potable.
El programa incluía 121 barrios con una población aproximada de 300 mil personas.
Para 1985, el 94% de la población recibe agua del sistema municipal y el 82% contaba con red domiciliaria. Aunque para 1988, la demanda de agua era de 12 mil litros por segundo mientras el sistema proporcionaba 7,700, por lo que racionamientos prosiguieron.
Para 1990, la ciudad con 2.6 millones de habitantes dotaba 213 litros diarios por persona, pero ya requería más agua y la siguiente alternativa de solución era una nueva presa.
Así, la primera etapa de la presa el Cuchillo, entra en operación en 1994 y se convierte en la fuente de suministro más importante de la AMM.
En noviembre de 1995, la Comisión Nacional del Agua, decide derivar agua de la presa el Cuchillo para agricultores de Tamaulipas, debido a las condiciones de sequía, lo que provoca un desacuerdo y rechazo del gobierno de Nuevo León.
El gobierno de Tamaulipas argumentaba que un acuerdo presidencial de 1952 establecía la veda de la cuenca del río San Juan. El de Nuevo León defendía la prioridad del abastecimiento público-urbano sobre otros usos. Finalmente, se llegó a un acuerdo con el compromiso de Monterrey de enviar agua residual tratada para compensar el volumen a utilizar.
Para 2010, se empieza a estudiar la posibilidad de contar con una nueva fuente de abasto que se llamó Monterrey VI y que se concibió como un acueducto de 368 km que iba desde el río Pánuco a conectarse con el acueducto Linares-Monterrey para, finalmente, enviar el agua a la ciudad.
Sin embargo, el proyecto se canceló antes de la campaña electoral por la gubernatura de Nuevo León (2015).
Actualmente, Monterrey depende de agua subterránea y de agua superficial, y cuenta con tres presas activas: Cerro Prieto, la Boca y el Cuchillo, que atiende a más de un millón de personas, cubriendo 99% de los habitantes de la ciudad y provee el 60% del agua doméstica que requiere el AMM.
El doctor Ismael Aguilar Benítez, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), señala que para entender la gravedad existe un índice estandarizado de precipitación que si se pudieran graficar los últimos 30 años, resaltaría un altibajo muy pronunciado.