La vía hacia el metropolitanismo
La Vía RecreActiva de Guadalajara inició sus actividades el domingo 12 de septiembre de 2004. La primera jornada duró cuatro horas. La ruta abarcaba 11 kilómetros y, según los organizadores, asistieron unas 35 mil personas. Quince días antes, el anuncio del proyecto apenas había ocupado un espacio en la sección deportiva de El Informador. Esa nota sobre la rueda de prensa es el primer registro localizado del nombre Vía RecreActiva en el periódico. Al día siguiente de la inauguración, las familias que recorrían la avenida Vallarta a pie, en bicicleta o en patines estaban en primera plana.
Emilio González Márquez, alcalde de Guadalajara en 2004, presentó la Vía como un proyecto de convivencia familiar. La idea venía de Colombia, contaba con el impulso de grupos de interés local y encontró resistencias tanto entre organizaciones como en otros sectores de la sociedad. Abrir las calles los domingos dejaba pendiente una cuestión mayor. ¿Cómo articular el paseo con una política metropolitana que atendiera el desorden urbano, la movilidad deficiente y el deterioro ambiental? Desde la primera jornada, quienes ocuparon la calle le dieron al proyecto un alcance propio. La Vía conectó el poniente y el oriente de la ciudad y abrió un espacio de convivencia entre habitantes separados por la geografía y la clase social.
La verdadera innovación estuvo en el nacimiento y consolidación de los grupos ciudadanos que adoptaron el poder de una idea que todavía entonces parecía radical en ciertos sectores de la sociedad: calles libres de automóviles. Más importante aún fue, como escribió el arquitecto y urbanista Rodrigo Díaz, la mirada metropolitana que estas organizaciones imprimieron a cada uno de sus actos.
La idea de una vía recreativa no fue exclusiva del gobierno, pero el proyecto que terminó implementándose surgió de otra búsqueda: representantes del sector privado, reunidos alrededor del grupo Ciudades Públicas —que después formaría parte de Guadalajara 2020—, buscaban mejorar la ciudad y, específicamente, crear un reglamento de imagen y construcción para la Plaza Tapatía, un espacio que nació con la aspiración nunca lograda de borrar la división entre los habitantes de la ciudad.
El reglamento para la Plaza Tapatía tenía un interés particular: retirar el comercio informal y modificar el entorno del centro de la ciudad, sobre todo para no afectar la imagen de los negocios joyeros que crecían en la zona. La historia del paseo dominical encerraba así una tensión desde su origen. En la Plaza Tapatía, la presencia de vendedores se discutía como un obstáculo para los negocios de la zona. En la avenida Vallarta, la presencia de miles de familias en la calle se celebraba como la medida del éxito del proyecto.
Con el interés de encontrar ideas y experiencias, empresarios miembros de Ciudades Públicas, entre los que estaban Tomás López Miranda, Rocío Herrera y José Palacios, quien entonces ocupaba la Secretaría de Desarrollo Económico, decidieron organizar el Foro Metropolitano de Turismo de Negocios para convertir a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en un destino más atractivo hacia el año 2020. Es decir, crear una “marca ciudad” que exaltara sus atributos y la diferenciara de otras ciudades.
Luis Fernando Álvarez, académico de la Universidad de Guadalajara, señala que detrás de la construcción de una marca ciudad estaba el interés de los empresarios de generar negocios: “Expo Guadalajara depende de la marca ciudad y por eso la apuesta más conveniente es por el modelo de movilidad”. Fue una decisión económica que se guió por la imitación de otros modelos, en lugar de integrar otras soluciones o incluso recuperar lecciones del pasado.
Enrique Peñalosa, uno de los asistentes al foro, compartió su experiencia en la transformación que impulsó como alcalde de Bogotá. A ese encuentro siguieron viajes e intercambios entre Guadalajara y Colombia. Para los promotores, el bajo costo de abrir las calles los domingos y la posibilidad de sumar un atractivo turístico hacían viable el proyecto. Llevaron la propuesta a cinco alcaldes de la ZMG. Solo la aceptó Emilio González Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN). “[Emilio] tenía muchos defectos, pero tenía olfato; en media hora compró la idea”, recuerda Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.
A diez años de distancia, el investigador Sergio Montero advertía que los empresarios no buscaban una ciudad sustentable, sino que querían una causa o un motivo que los uniera para influir en la agenda de gobierno.
La apuesta del alcalde de Guadalajara fue acertada, sobre todo en un contexto político de amenaza, en el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) iniciaba su avance de recuperación electoral en la ZMG, con gobiernos municipales (recuperados) en Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, y posteriormente el Congreso local en 2009. Para el PAN era una gran oportunidad frente al próximo proceso electoral y con la popularidad en declive después de dos gobiernos estatales.
En sus primeros diez años, la Vía RecreActiva pasó de 11 a 60 kilómetros, con un recorrido que conectaba cuatro municipios —Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque— y por el que paseaban aproximadamente 150 mil personas. Las calles principales se cerraban al tránsito vehicular cada domingo durante seis horas para permitir la convivencia de peatones, ciclistas y patinadores. La ruta cruzaba límites municipales que seguían pesando sobre las decisiones de transporte. Quienes la recorrían podían experimentar como una sola ciudad lo que cuatro ayuntamientos gobernaban por separado.
El inicio de la Vía RecreActiva no fue el único detonante, pero popularizó en la conversación términos como movilidad o espacio público. Contribuyó a transformar la forma de hacer política en una ciudad donde los poderes públicos y privados buscaban en causas novedosas o motivos populares un pretexto para influir.
La bicicleta como herramienta política
En los años que siguieron al inicio de la Vía RecreActiva, un sector de la clase media urbana encontró en la bicicleta una forma de intervenir en las decisiones sobre la ciudad. Grupos con ideas políticas distintas coincidieron en la defensa de las calles como un espacio que debían poder usar también quienes se desplazaban a pie, en bicicleta o en transporte público.
El 22 de septiembre de 2007, Día Mundial sin Automóvil, vecinos, estudiantes, ciclistas y transeúntes formaron una cadena humana cerca de Plaza del Sol, sobre la avenida López Mateos. Protestaban por una medida que prolongaba la luz verde de los semáforos. Para los automovilistas significaba avanzar con mayor rapidez. Para quienes intentaban cruzar la avenida a pie o en bicicleta, significaba esperar más tiempo.
Dos días después, los participantes acordaron reunirse cada semana para organizar acciones, dar entrevistas y compartir conocimientos. Abrieron una página de internet y dieron al grupo el nombre de Ciudad para Todos. Su demanda era un modelo de movilidad urbana que diera prioridad al transporte público y a la bicicleta.
Ese mismo año, Emilio González Márquez había llegado al gobierno estatal. Recibió como interlocutores a miembros de las organizaciones civiles y, al mismo tiempo, destinó recursos a obras viales que esos colectivos cuestionaban. En materia de movilidad, su sexenio practicó el arte de avanzar sin moverse mucho. El gobierno abría espacios de diálogo mientras sus decisiones de inversión seguían privilegiando al automóvil.
Los aliados comenzaron a surgir durante las primeras reuniones de trabajo, como el grupo GDL en Bici, cuyos paseos nocturnos contribuyeron a dar visibilidad al movimiento ciclista de Guadalajara. Cuando comenzaron a consolidar su trabajo, se unieron dos grupos que llevaban tiempo trabajando de forma independiente: el Colectivo Ecologista de Jalisco (CEJ), con Mario Silva como su figura más visible, y el Centro de Infotectura y Tecnología Aplicada (CITA), creado por Alfredo Hidalgo. A finales de 2007, ya se les identificaba como un grupo de vigilantes a la sombra de las decisiones del gobierno en materia de medio ambiente y movilidad.
Una serie de factores permitió el éxito y el rápido ascenso de estos grupos de la sociedad civil. Entre ellos destacaban su forma de entender la ciudad como un espacio de conflicto, el carácter lúdico de sus protestas, la diversidad cultural y de origen de sus miembros, la diversidad de sus causas y sus estructuras horizontales de trabajo.
También fueron importantes sus aliados con experiencia local y perfiles técnicos, la vinculación universitaria de sus miembros y el uso de internet para construir redes que generaban comunidad en la calle. A ello se sumaban las condiciones de una ciudad con extensas zonas planas y un clima favorable para el uso de la bicicleta, la cantidad de jóvenes, la calidad de sus universidades y el poder y la influencia de la clase media.
Además, la defensa pública de intereses privados por parte del gobierno no hacía sino alimentar el crecimiento de la movilización.
Metropolitanismo de abajo hacia arriba
A medida que Ciudad para Todos adquiría identidad y consolidaba una agenda de trabajo que consistía en defender un modelo de movilidad sustentable, sus integrantes encontraban dificultades para modificar las posiciones de las autoridades y abrir espacios de diálogo. De ahí que varios miembros del grupo decidieran trabajar directamente en la creación de conciencia o pedagogía ciudadana.
En 2008, Jesús Soto Morfín, miembro de Ciudad para Todos; Mario Silva, del Colectivo Ecologista de Jalisco; y Étienne Von Bertrab, académico del ITESO, asistieron al congreso Hacia Ciudades Libres de Autos en Portland, Estados Unidos. El encuentro formaba parte de una serie de congresos internacionales vinculada a la World Carfree Network, un colectivo que se reúne desde 1997 para compartir opciones de movilidad alternativas al automóvil.
Al encuentro de Portland asistió también una delegación de políticos locales, entre los que estaba Diego Monraz, secretario de Vialidad del Estado, con la idea de contratar los servicios de dos empresas llamadas Alta Planning y Bike and Walk para la creación de un Plan de Movilidad No Motorizada para la ZMG. Los activistas lograron entrar a la reunión en donde se negociaba el convenio para cuestionar por qué no se aprovechaba el conocimiento local obtenido por especialistas a lo largo de varios años de trabajo en la ciudad y por qué no eran claras las atribuciones ni las responsabilidades de la autoridad que debía ejecutarlo. Finalmente, consiguieron que se detuviera la negociación y que se contratara a un despacho local.
Así, la responsabilidad de realizar el Plan Maestro quedó a cargo del despacho AU Consultores, dirigido por Mario Córdoba, quien era director general del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Aun así, la aplicación del Plan Maestro fue frenada posteriormente por los ayuntamientos, que concentraban la mayoría de sus recursos y energías en el próximo proceso electoral.
La elaboración del Plan Maestro costó más de 4 millones de pesos. Ejecutarlo, con su red peatonal y ciclista de mil 590 kilómetros, habría requerido 400 millones. El puente Matute Remus, una obra destinada al tránsito de automóviles en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad, representó una inversión aproximada de 500 millones de pesos.
La oposición al proyecto del puente Matute Remus tensó la relación entre el gobierno y los grupos ciudadanos. Como parte de las protestas, activistas y miembros de organizaciones ciudadanas acamparon durante un mes en la avenida Lázaro Cárdenas, donde realizaron mesas informativas, proyectaron videos, construyeron una pequeña biblioteca, sembraron árboles y pintaron mantas y carteles con frases como “Donde ellos tiran, nosotros sembramos”, “Puente de diálogo”, “Queremos un proyecto de ciudad” y “Estamos abiertos al diálogo”.
Se instalaron treinta casas de campaña que con el paso de los días fueron abandonadas. Si bien la estrategia fue muy visible para la opinión pública, terminó siendo muy pesada para sus ejecutores. Algunos se enfermaron de neumonía y otros sufrieron afecciones en ojos y en las vías respiratorias por la contaminación del aire.
Felipe Reyes, arquitecto y activista que al momento de la investigación era funcionario del gobierno estatal del PRI, contó que después de alguna de las actividades que realizaban en el campamento, una persona se acercó sin mediar palabra y le entregó un sobre que contenía una hoja con los datos, horarios y movimientos detallados de miembros de su familia.
Las posturas y los puntos de vista se expresaban a través de gritos, recriminaciones, mentadas o saludos que hacían desde sus automóviles las personas que pasaban frente al campamento.
Según testimonios de los activistas, algunos de los que pasaban frente al campamento podían discrepar de las formas de la protesta, pero otros coincidían en que los habitantes de la ciudad debían ser protagonistas de las decisiones sobre su entorno.
El puente se inauguró el 31 de enero de 2011. Durante una visita a la ciudad para presentar su libro Diarios de bicicleta, David Byrne, músico y activista a favor del uso de la bicicleta, preguntó asombrado al ver el puente Matute Remus: “¿En dónde está el río?”.
En 2010, integrantes de Ciudad para Todos también asistieron al encuentro de York, en Inglaterra. A partir de la experiencia acumulada en ambos congresos, decidieron postular a Guadalajara como sede.
Otra batalla se libró en torno a la Vía Express. En York, los activistas encontraron apoyo para oponerse al proyecto. Los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que asistieron mostraron un promocional de la Vía Express, un proyecto anunciado por el gobierno estatal, que consistía en la concesión a un particular de 23 kilómetros sobre la avenida Inglaterra para construir un viaducto elevado de cuota.
La avenida Inglaterra, cruzada por vías de tren, constituía un corredor importante para la conexión entre distintas zonas de la ciudad. En el foro, los activistas recogieron y grabaron las opiniones de especialistas que se pronunciaron en contra del proyecto. Esas opiniones se difundieron después en un video a través de las redes sociales. El video terminó siendo decisivo para que el Congreso del Estado de Jalisco votara en contra de la concesión. Las opiniones grabadas contrastaban con lo presentado por el gobierno en donde se mostraba una animación muy sofisticada, con vías y con autos que no correspondían a la realidad de la ciudad.
Era una solución de los años cincuenta para un problema del siglo XXI, dijo uno de los expertos en una de sus participaciones. También fue decisiva la coalición que se formó entre las organizaciones vecinales, los grupos a favor de la movilidad sustentable, los colegios de profesionistas y las cámaras empresariales.
Un factor que permitió construir una alianza estratégica entre los empresarios y los activistas fue la decisión que con una lógica electoral tomaron los alcaldes del PRI de la ZMG en aquel momento, Aristóteles Sandoval (Guadalajara), Héctor Vielma (Zapopan) y Miguel Castro (Tlaquepaque), al oponerse a la ampliación del Macrobús impulsado por el gobierno de Emilio González. Esto no era un comportamiento exclusivo de un partido político.
Unos años antes, Diego Monraz, entonces regidor del PAN en el Ayuntamiento de Zapopan durante el periodo de Arturo Zamora (PRI), se había opuesto al Macrobús. El gobierno estatal del PRI defendía entonces como suya la implementación de la Línea 3 del Tren Ligero, a pesar de ser un proyecto que se gestionó durante el gobierno de González Márquez.
La decisión de los presidentes municipales provocó la molestia de los empresarios y el fortalecimiento de un bloque común con los activistas.
Otro factor definitorio para consolidar la coalición en contra de la Vía Express fue la decisión de los activistas de hacer una alianza con los vecinos de la comunidad trabajando en el remozamiento de la zona y en la construcción de un parque lineal.
Para ese momento, la oposición había ampliado sus alianzas y elevado el costo político de implementar el proyecto. Fue también uno de los grandes triunfos de la coalición llamada “Consejo Ciudadano para la Movilidad Sustentable”, integrado por grupos de la sociedad civil de diferente formación, objetivos y metodologías de trabajo, pero unidos en la búsqueda de una ciudad más democrática.
En uno de los debates públicos que tenían lugar en los medios de comunicación, un miembro del gobierno calificó a los activistas como “opositodos”. La palabra se hizo muy popular y dejó al descubierto el verdadero valor en disputa detrás de los proyectos, las protestas y la defensa de las decisiones públicas: una idea de ciudad en la que el consenso se entendía como ausencia de oposición, frente a otra que reconocía el derecho a disentir.
En enero de 2011, un grupo de ciudadanos recaudó doce mil pesos y, en un acto de desobediencia civil, pintó una ciclovía de 5 kilómetros de largo en el transcurso de una mañana.
El antecedente más celebrado de un acto de desobediencia civil en la ciudad fue la intervención urbana que se realizó durante el congreso de arquitectura Com:plot, en la que por medio de un mecanismo que goteaba pintura de agua sobre la llanta de las bicicletas, se expuso el complejo camino que debe hacer un ciclista para transitar por las calles de Guadalajara.
El acto terminó con la mayoría de los participantes detenidos, pero fue la semilla del wikiurbanismo mexicano, como le llamó la activista Geraldine Juárez, un catalizador de posibilidades que permitió imaginar en 2011 que con cuatro mañanas más de pintura y trabajo se habría podido duplicar la extensión de ciclovías construidas por el gobierno hasta esa fecha.
Días después de aquella intervención, Diego Monraz, titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte de Jalisco, anunció que el gobierno la validaría.
Del 5 al 9 de septiembre de 2011 se celebró en Guadalajara el X Congreso Internacional Hacia Ciudades Libres de Autos, bajo la dirección de Jesús Soto Morfín y con el apoyo de organizaciones como el Colectivo Ecologista de Jalisco, GDL en Bici y Com:plot, entre otras.
Para los colectivos que defendían la movilidad sustentable, el congreso de Guadalajara fue la culminación de años de trabajo. Según Soto, ese esfuerzo buscaba impulsar “el espíritu de desobediencia civil, de protesta lúdica, de hacer política en la calle e intervenir el espacio público”.
Para la académica Diane Davis, el metropolitanismo de abajo hacia arriba implica entender los problemas locales desde una perspectiva metropolitana. Es decir, considerar en la resolución de cualquier problema “el contexto de informalidad presente en todos los sectores de la ciudad, su entorno politizado, su estructura administrativa, las autoridades que no están dispuestas a implementar políticas urbanas que puedan acarrear altos costos políticos y sociales, y una casi total inexistencia de canales adecuados de participación ciudadana”.
Durante el encuentro se discutieron opciones de movilidad sustentable para la ciudad. De esas discusiones surgió la Declaración de Guadalajara, una agenda con diagnósticos y propuestas puntuales para atender distintos problemas de movilidad. En 2012, desde la Plataforma Metropolitana, integrantes de la sociedad civil realizaron reuniones con legisladores y gobiernos municipales y estatales para impulsar los principios de sustentabilidad, accesibilidad y equidad contenidos en la Declaración.
Después del proceso electoral de 2012, los vínculos, las alianzas o las coaliciones entre los grupos de la sociedad civil perdieron fuerza. Algunos de sus integrantes se incorporaron al gobierno estatal o municipal; otros se dedicaron a actividades privadas o formaron nuevos colectivos, y otros más permanecieron en sus organizaciones.
Esto fue más evidente durante la implementación de la Línea 3 del Tren Ligero, impulsada por el gobierno de Aristóteles Sandoval (PRI), cuya implementación encontró una menor presencia pública de las organizaciones civiles, pese a los problemas que enfrentaba.
La opción de la gobernanza
El miércoles 22 de junio de 2011 se dieron a conocer, a través de un desplegado en diferentes medios locales de Jalisco, la conformación y los objetivos de la Asamblea Metropolitana por la Gobernanza.
Este colectivo, que se definió como abierto, plural, participativo, democrático e independiente, buscaba reunir al entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y a los alcaldes de los ocho municipios que entonces conformaban el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): El Salto, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlaquepaque y Tlajomulco.
La intención era que firmaran un convenio de coordinación y se comprometieran a instalar las tres instancias que tendrían a su cargo la planeación integral del AMG.
En su planteamiento inicial, estas instancias contarían con facultades y presupuesto para articular las planeaciones municipales fragmentadas. Aunque compartían problemáticas y estaban geográficamente conectados, los municipios no habían logrado coordinarse en asuntos tan relevantes como el manejo de residuos, el acceso al agua potable o la movilidad, pese a que la ley así lo establecía.
La Asamblea Metropolitana incorporó el término de gobernanza como una de sus aspiraciones más novedosas. El concepto hace referencia a una forma de gobierno en la que la sociedad civil o los cuerpos académicos tienen oportunidades reales de incidencia en los asuntos públicos. El uso del término, así como el hecho de que la iniciativa surgiera de la sociedad civil organizada, podría interpretarse como un primer intento por institucionalizar el activismo social involucrado en los temas urbanos, especialmente porque los colectivos y organizaciones no descartaban la posibilidad de tener mayor influencia en las decisiones, conformación y operación del instituto.
Entre las instituciones que participaron en la Asamblea se contaban organizaciones vecinales, sociales, empresariales, gremiales y universitarias, tales como el Parlamento de Colonias, Coparmex Jalisco, Colectivo Ecologista de Jalisco, Centro de Infotectura y Tecnología Aplicada, Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Guadalajara 2020, Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Ciudad para Todos, Tu Techo Mexicano y la Asociación de Colonos Providencia Sur. Además de estas organizaciones, participaron activamente Jorge Fernández Acosta, Luis F. Álvarez, Gerardo González, Horacio Villaseñor, Ana Rentería y Roberto Arias, entre otros.
La intención de reunir al gobernador y a los alcaldes antes de que terminaran sus gestiones y comenzaran las campañas electorales de 2012 era comprometerlos a generar el Estatuto Orgánico que diera vida a las tres instancias previstas en la Ley de Coordinación Metropolitana, aprobada el 13 de enero de 2011 y publicada el 3 de febrero de ese año. La ley obligaba a crear la Junta de Coordinación Metropolitana, integrada por los presidentes municipales y el gobernador; el Consejo Ciudadano Metropolitano, órgano consultivo compuesto por activistas y académicos; y el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), coordinado por un director. Este último terminó siendo la institución más controvertida y sobre la que prácticamente todos los actores involucrados centraron su mirada.
El Imeplan se concibió como un organismo público descentralizado intermunicipal responsable de proponer y elaborar mecanismos de colaboración entre instancias municipales, así como de realizar estudios que permitieran formular recomendaciones y correcciones a ciertas acciones municipales.
Su objetivo era que los ocho municipios que entonces conformaban el AMG contaran con información para tomar mejores decisiones sobre el manejo de los residuos y el agua, la movilidad, la seguridad y la infraestructura urbana.
El 5 de marzo de 2014, Alberto Orozco Ochoa fue elegido por unanimidad para dirigir el Imeplan.
Los mismos activistas y organizaciones civiles que lideraron la conformación de la Asamblea Metropolitana por la Gobernanza terminaron distanciándose, desconociendo el proceso y las instituciones generadas después del acuerdo que ellos mismos impulsaron. No solo se inconformaron con el proceso de selección del director, sino que también calificaron de insuficientes las atribuciones que se le terminaron otorgando al Imeplan.
Estas atribuciones se alejaban del espíritu original de la propuesta, centrada en crear una institución con capacidad presupuestal y facultades de vigilancia sobre ciertas decisiones municipales.
La sociedad civil organizada fue un actor protagónico en el proceso. Si bien en 1989, durante la gubernatura de Guillermo Cosío Vidaurri, ya se había instalado un Consejo Metropolitano, este solo contemplaba la participación de los alcaldes y de los titulares de secretarías como las de Desarrollo Urbano y Rural, Vialidad y Transporte y Desarrollo Económico.
Entre sus responsabilidades estaban acordar obras de infraestructura y equipamiento, coordinar las vialidades y el transporte público, definir un esquema de manejo de desechos sólidos, combatir la contaminación atmosférica y garantizar la seguridad pública en los cuatro municipios hasta entonces reconocidos como parte de la zona metropolitana: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
Si bien la primera definición y delimitación de zonas metropolitanas en México se hizo en 1972 cuando apenas se podían reconocer 12 agrupaciones urbanas con tales características, fue en 2009 cuando, por decreto gubernamental, se cambió la hasta entonces conocida como Zona Metropolitana de Guadalajara por Área Metropolitana de Guadalajara.
Como presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, Enrique Alfaro logró impulsar una reforma para que la coordinación metropolitana fuera una obligación constitucional y pasara de ser un acuerdo político entre los municipios a tener un sentido de construcción desde el ámbito estatal.
Una primera versión de la Ley de Coordinación Metropolitana fue aprobada en diciembre de 2009, pero el gobernador Emilio González Márquez formuló observaciones y no la publicó. La siguiente legislatura retomó la negociación y aprobó una nueva versión el 13 de enero de 2011, publicada el 3 de febrero de ese año. El proceso mostró las dificultades para acordar las reglas de coordinación y el reparto de atribuciones entre el gobierno estatal y los municipios.
La aprobación de la ley, sin embargo, no resolvió por sí sola los obstáculos para la colaboración intermunicipal. En 2015 todavía faltaban incentivos para que los ocho ayuntamientos, con capacidades institucionales profundamente desiguales, construyeran y sostuvieran una agenda común. El Instituto podía aportar una base de información compartida. En la Junta y en el Consejo quedaba la tarea de construir acuerdos.
La Asamblea fue una apuesta importante porque significó la posibilidad de institucionalizar el trabajo colectivo que se venía realizando por algunos grupos de la sociedad civil.
Después del desacuerdo entre los grupos ciudadanos y los grupos de interés por el resultado del proceso de conformación del Instituto, y una vez concluida la elección de 2012, se reacomodaron las energías y los intereses de los principales actores.
Alfredo Hidalgo, quien colaboró como vocero de la Asamblea, es actualmente director del área de Proyectos Estratégicos del Gobierno Municipal de Zapopan. Felipe Reyes, miembro activo de la Asamblea, es director de Movilidad No Motorizada en el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado.
Otro grupo de profesionales, entre los que estaban Gerardo González, Horacio Villaseñor y Luis F. Álvarez, formó Civitas Taller, una plataforma informativa para estudiar los asuntos públicos de la ciudad y expresar sus desacuerdos.
Alberto Orozco, como director del Imeplan, trabaja en la conformación de una base de información estadística para apoyar la toma de decisiones a escala metropolitana y defiende su labor frente a quienes critican la falta de transparencia y el carácter vertical del Instituto.
Aunque la Asamblea concluyó su función cuando se nombró al director del Imeplan, los afectados y beneficiados de esta decisión mantienen un debate público desde sus distintas responsabilidades o plataformas, enfocado en defender sus ideas sobre cómo debe ser la ciudad.
El espíritu deliberativo que tuvo la Asamblea en un principio se redujo considerablemente conforme avanzaba el proceso de selección debido a la complejidad de intereses, valores e ideas en conflicto que buscan influir en la conformación de la ciudad.
Del activismo a la interlocución institucional
El 7 de marzo de 2014, un autobús de la ruta 368 atropelló a un grupo de estudiantes parados frente a un parabús, afuera de la preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara. Ese día, la alumna María Fernanda Vázquez perdió la vida y otras personas resultaron lesionadas.
La seguridad del transporte público era una de las preocupaciones centrales de la movilización. Guadalajara es una de las ciudades del país con mayor índice de muertos y heridos por accidentes relacionados con el transporte público. En los últimos nueve años al menos 448 personas han muerto por esta causa. En los días previos al atropellamiento de la preparatoria 10 se habían registrado otros percances graves, entre ellos una volcadura y el choque de un camión contra una tienda de conveniencia.
Dos días después del accidente de la preparatoria 10, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, suspendió el aumento de un peso de la tarifa del transporte público que se había aprobado el 23 de diciembre de 2013 a las once de la noche, en plena época de preparativos navideños.
El lunes 10 de marzo, cerca de 30 mil personas de la Universidad de Guadalajara, encabezadas por el rector Tonatiuh Bravo Padilla, realizaron una marcha en el primer cuadro de la ciudad, a la que titularon Luto e Indignación. Además de manifestar su reprobación por los hechos ocurridos, los estudiantes exigían que se mantuviera la suspensión del aumento de la tarifa y que se creara un observatorio ciudadano que condicionara los incrementos tarifarios a la mejora del servicio.
El gobernador Aristóteles Sandoval, el rector Tonatiuh Bravo Padilla y Alberto Galarza, dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), impulsaron la creación del Observatorio. La propuesta recibió el respaldo del Frente Común de Usuarios y Operadores, el Colectivo Ecologista de Jalisco, la Red Universitaria de Movilidad y Ciudad para Todos, entre otras organizaciones.
El 8 de abril de 2014 quedó instalado el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco. El acuerdo gubernamental le daba carácter consultivo y vinculante y lo facultaba para emitir dictámenes, estudios y recomendaciones sobre el servicio. El alcance de esas facultades pronto fue motivo de discusión. Las autoridades estaban obligadas a responder. Si decidían no aplicar una recomendación, podían justificarlo por escrito. El acuerdo no preveía una sanción por incumplimiento.
Alberto Galarza fue designado coordinador del Observatorio y Mario Silva, del Colectivo Ecologista de Jalisco, secretario técnico. Durante las negociaciones para la conformación del Observatorio, tanto Mario Silva como Alberto Galarza insistieron en que ningún funcionario público estuviera entre sus miembros, de tal forma que el Observatorio quedó conformado únicamente por las representaciones de distintas universidades e institutos tecnológicos locales, organizaciones civiles dedicadas a la atención de víctimas y a la promoción de medios alternativos de transporte, así como de distintas cámaras empresariales.
El 8 de mayo, el Observatorio emitió sus primeras recomendaciones. Pidió protocolos de acompañamiento para las víctimas y mecanismos de reparación del daño. También propuso que los choferes tuvieran contratos formales y que su sueldo dejara de depender del número de pasajeros que subían a cada unidad. Para que pudieran concentrarse en conducir, recomendó un sistema de prepago que los liberara de cobrar el pasaje.
Mientras el Observatorio preparaba este primer paquete de recomendaciones, el Gobierno del Estado estableció que solo las rutas que cumplieran con un acuerdo básico de calidad podrían aumentar su tarifa a 7 pesos. El acuerdo contemplaba el uso de uniformes, la capacitación certificada de los choferes, la remuneración mediante un sueldo y la instalación de localizadores GPS en cada unidad y de pantallas electrónicas externas con los nombres de las rutas.
En noviembre de 2014, el Observatorio dio a conocer su segundo paquete de recomendaciones. En esta segunda emisión se hacía hincapié en la falta de respuesta al primer listado. Además, se incorporaban nuevas recomendaciones, como desarrollar un Programa Sectorial de Movilidad Urbana y Sustentable, modificar la conformación de la Comisión de Tarifas para incluir a representantes de usuarios y transportistas, y hacer públicos los dictámenes de concesiones de rutas y permisos.
Entre el primer y el segundo paquete de recomendaciones no se detectaron mejoras significativas en el transporte público, por lo que los integrantes del Observatorio se reunieron de forma constante con el Ejecutivo estatal, los representantes de la Secretaría de Movilidad y otras dependencias, con la intención de revisar y acotar las recomendaciones emitidas. En enero de 2015, Mario Silva indicaba que, si bien no se había detallado el cumplimiento del 100 % de las recomendaciones, las reuniones habían permitido avanzar en cuestiones como el registro de víctimas del transporte público, el sistema de recepción y atención de quejas de los usuarios, el prepago y la norma técnica de calidad del transporte.
A un año del atropellamiento de la prepa 10, la iniciativa #PorUnTransporteDigno lanzó un video con un recuento de los temas pendientes, los responsables y las consecuencias de la inacción. Según las cifras que presentaba, el 69 % de la población del Área Metropolitana de Guadalajara usaba el transporte público; en nueve años se habían registrado 448 muertes, y en 2014, 988 víctimas de accidentes relacionados con ese servicio. También señalaba que 54 personas habían perdido la vida ese año; entre ellas, ocho niños de entre uno y trece años, 14 adultos mayores y 15 jóvenes de entre 18 y 30 años.
El video denunciaba la falta de respuesta completa a las recomendaciones del Observatorio y señalaba deficiencias en la infraestructura y la cobertura del transporte público. Reclamaba contratos formales, remuneraciones desligadas del número de pasajeros transportados, capacitación y evaluación de los conductores, así como iluminación e información de rutas en las paradas. Era exhaustivo en sus demandas, pero no desarrollaba el entramado de conflictos que dificultaba resolver esos problemas ni sus repercusiones sociales, políticas y ambientales.
¿A quién le pertenece la ciudad?
La administración de Aristóteles Sandoval adoptó muy pronto la agenda de movilidad de las organizaciones civiles. La “Agenda Ciudadana para la Movilidad Sustentable: propuestas para el Congreso del Estado de Jalisco” fue impulsada por las organizaciones Colectivo Triciclo, Cuadra Urbanismo, Ciudad para Todos, CITA y Colectivo Ecologista de Jalisco, agrupadas en la Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad. El documento pretendía orientar una agenda de trabajo mediante acciones concretas y fue dirigido a los presidentes municipales, al gobierno del estado y al poder legislativo antes del inicio de sus administraciones.
Aunque la mayoría de las recomendaciones de la Agenda seguían pendientes de implementación, el trabajo de las organizaciones contribuyó a impulsar la demanda de destinar al menos el 30 % de los recursos del Fondo Metropolitano a infraestructura peatonal y ciclista.
La legislación de movilidad incorporó una disposición para solicitar ese porcentaje de los fondos metropolitanos mediante proyectos dirigidos a personas con discapacidad, peatones, usuarios de movilidad no motorizada y transporte público.
Ese reconocimiento normativo, sin embargo, no equivalía a garantizar el ejercicio efectivo de los recursos. Otro avance fue la inclusión de la movilidad en el Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco 2013-2033.
La agenda no fue lo único que adoptó el gobierno de Aristóteles Sandoval. Algunos miembros de las organizaciones civiles se convirtieron en funcionarios públicos o comenzaron a participar como consultores externos. La relevancia de su participación o colaboración con el gobierno radica en lo que revela sobre la construcción del metropolitanismo de abajo hacia arriba en la ciudad.
El activismo por el derecho a la ciudad dio forma a una oposición que terminó no solo influyendo, sino participando en la construcción de políticas públicas desde el gobierno.
La estrategia del gobierno de Aristóteles Sandoval en materia de movilidad parecía ser distinta a la de las administraciones pasadas.
La incorporación de activistas al gobierno abrió una tensión entre los principios del movimiento y las exigencias de la negociación política. La presencia de nuevos interlocutores no modificó por sí sola la balanza entre el interés público y el privado.
Además, los dos proyectos más visibles de esa administración estatal se insertaron en el debate electoral: MiBici, un programa con mucha visibilidad e impacto en Guadalajara, fue lanzado el 1 de diciembre de 2014, en el contexto previo a las elecciones municipales de 2015; y la Línea 3 del Tren Ligero fue planeada para inaugurarse en el último año del gobierno, en el contexto de la siguiente elección de gobernador.
El día del lanzamiento del programa MiBici se publicó en los principales diarios de Guadalajara un desplegado titulado #NuestraBici, firmado por organizaciones de la sociedad civil que habían trabajado en temas de movilidad durante los últimos años.
El documento también se distribuyó a través de las redes sociales. En él, las organizaciones exigían la creación de infraestructura para el uso de la bicicleta como medio de transporte y que la movilidad sustentable fuera una política de Estado, independientemente del partido y de las personas en el gobierno. Pero también reclamaban, mediante un listado exhaustivo, la propiedad sobre acciones y planes y, más importante aún, sobre una idea de ciudad construida desde la sociedad civil organizada.
Lo cierto es que la disputa por la propiedad de las ideas sucede en una ciudad donde cohabitan muchas realidades e imaginarios urbanos. Como dice Italo Calvino, “la ciudad para el que pasa sin entrar es una, y otra para el que está preso en ella y no sale; una es la ciudad a la que se llega la primera vez, otra la que se deja para no volver; cada una merece un nombre diferente”.
La década transcurrida desde el inicio de la Vía RecreActiva había representado un gran avance cultural para Guadalajara. Lo mostraban la proliferación de grupos ciclistas y la incorporación de la movilidad al discurso público y a los principales programas de gobierno. También lo reflejaban la posibilidad de que miembros de la sociedad civil asumieran responsabilidades públicas para construir políticas urbanas y las alianzas temporales entre actores políticos, económicos y civiles a favor de la ciudad. Sin embargo, los resultados de estos procesos en términos de calidad de vida eran limitados.
La generación de activistas que coincidieron en un momento específico para crear coaliciones a favor de su idea de ciudad se había ido diluyendo. Las razones eran distintas: los límites del activismo, la búsqueda de oportunidades laborales, la variedad de intereses y el relevo generacional.
Para 2015, los colectivos habían conseguido que la movilidad entrara en los programas de gobierno. Algunos de sus integrantes participaban ya en la elaboración de políticas públicas. Seguía abierta la disputa que los había llevado a la calle. ¿Quién decidía qué obras se hacían y a quién beneficiaban?
*Frase atribuida al chileno Carlos Dittborn, uno de los principales organizadores de la Copa Mundial de Fútbol de 1962.



